En sus inicios fue una aventura, nunca mejor dicho, privada, pero como en la mayor parte de las estaciones españolas, los fundadores no pudieron afrontar las deudas y al tiempo realizar las inversiones necesarias, por lo que terminó en manos de un consorcio público liderado por la Junta de Andalucía que, al principio no se tomó en serio su función pero que, con el paso del tiempo, le ha tomado gusto a disponer de esa propiedad.